España se enfrenta al auge del criptojuego y la presión regulatoria

El sector del juego en España continúa mostrando cifras sólidas en términos de ingresos, pero una nueva dinámica está transformando el panorama: las criptomonedas. Atraídos por la rapidez en los pagos y el anonimato que ofrecen, cada vez más jugadores —en especial los de apuestas altas— se inclinan hacia operadores sin licencia con base en el extranjero. Esta tendencia está obligando a los reguladores nacionales a buscar formas de reaccionar rápidamente.

En 2024, el país registró 8,1 mil millones de euros en ingresos brutos del juego. De esa cifra, los casinos online generaron 730,7 millones de euros y las apuestas deportivas otros 608,85 millones. Aunque los resultados parecen señalar un mercado saludable, la realidad subyacente es más compleja: la participación en los canales regulados empieza a erosionarse.

Las estadísticas más recientes indican que la tasa de canalización en España —la medida que determina cuántos usuarios permanecen dentro del marco regulado – se redujo del 79 % al 77 %. Una caída de apenas dos puntos porcentuales podría parecer marginal, pero marca una tendencia clara: el atractivo de los casinos cripto que operan al margen del sistema nacional de licencias está ganando terreno.

Estos operadores aceptan divisas digitales y ofrecen menos limitaciones, mayor privacidad y límites de apuestas superiores. Ese conjunto de ventajas resulta especialmente seductor para los grandes apostadores, que representan solo el 15 % de los usuarios, pero concentran un 88 % de los ingresos del sector. Se calcula que aproximadamente un 32 % de su gasto se está desviando fuera del mercado con licencia.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha desarrollado un esquema de licencias que abarca varias categorías, desde tragaperras y póker hasta apuestas deportivas. Sin embargo, este modelo choca con la realidad descentralizada y transfronteriza de las plataformas basadas en blockchain.

En los últimos meses, la DGOJ ha bloqueado 14 operadores ilegales, pero las acciones de control siguen siendo limitadas. A pesar de que se prevé que el mercado alcance los 12,3 mil millones de euros en 2025, una parte cada vez más significativa de ese volumen está siendo absorbida por proveedores sin licencia, muchos de ellos habilitados para operar con criptomonedas.

Supervisar el criptojuego no solo implica cuestiones regulatorias, sino también de seguridad. Según datos de Chainalysis, en 2025 se robaron más de 2,17 mil millones de dólares en todo el mundo de plataformas cripto, y más del 23 % de esas pérdidas correspondieron a monederos personales, algunos posiblemente utilizados para apostar.

Las autoridades también han detectado vínculos entre el aumento del valor del Bitcoin y los llamados “wrench attacks”, asaltos físicos en los que delincuentes obligan a las víctimas a entregar el acceso a sus carteras digitales.

Las sanciones han resultado difíciles de aplicar. En noviembre de 2024, la DGOJ impuso más de 65 millones de euros en multas, principalmente a compañías extranjeras que operaban sin licencia. Sin embargo, los pagos anónimos con criptomonedas siguen dificultando la rendición de cuentas.

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El sistema vigente responde bien a los operadores tradicionales, pero los modelos basados en blockchain no encajan fácilmente en los marcos actuales. Con proyecciones que señalan que el juego online podría superar el 50 % de los ingresos de la industria para 2030, el cripto parece destinado a consolidarse como parte del mercado.

España no está sola en este desafío. La Unión Europea trabaja en un enfoque regulador más amplio sobre los criptoactivos, y la manera en que España ajuste su marco normativo podría convertirse en referente para el resto de la región. La gran incógnita es si la regulación logrará evolucionar con la suficiente rapidez frente al ritmo del cambio digital.

Fuente:

““, LCB.org, August 16, 2025